"La libertad de opinión constituye una cualidad de la democracia, del mismo modo que el pluralismo y la tolerancia".

INTERVENCIÓN DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA CRISTI,

tras recurso de protección interpuesto en su contra por el 

Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Cámara de Diputados

Señor Presidente:

De acuerdo al artículo 34 del reglamento de la Cámara de Diputados, hago uso de mi derecho a vindicación, por los siguientes motivos.

El día 24 de febrero del presente año, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), anunció a través de los medios de comunicación su decisión de ejercer un recurso de protección contra esta parlamentaria y dos connotados senadores de mi partido, a causa de dichos expresados por nosotros en relación, a nuestro parecer, del matrimonio homosexual y a la posibilidad de adopción de parte de parejas del mismo sexo.

Dicha situación señor Presidente, me parece particularmente grave, tomando en consideración a que vivimos en un país democrático y que las opiniones vertidas por los ciudadanos en materias pertenecientes a la agenda y debate público, no pueden ser satanizadas o descalificadas incluso al extremo de pretender que se me apliquen mecanismos correctivos a través de los Tribunales de Justicia. Una situación como esa, constituye claramente un atentado grave a la libertad de expresión, contaminando nuestro sistema democrático.

En relación con lo anterior, puedo indicar que he servido como parlamentaria por 24 años de forma ininterrumpida, mis electores me conocen y saben como pienso, cuales son mis valores morales, y los cuales son mis convicciones en relación a la familia, que por lo demás se encuentran plenamente afianzadas en nuestra Constitución Política.

Que tales convicciones y opiniones expresadas, no forman más que mi opinión referida al tema y en ningún caso deben ser entendidas como un ataque a un sector de la sociedad chilena o persona en particular, y bajo este orden de cosas no puede erigirse como un hecho que implique mi comparecencia ante los Tribunales de Justicia, si así fuera sencillamente nuestro sistema judicial colapsaría con acciones judiciales vinculadas a la emisión de opiniones y finalmente a la ciudadanía y a los parlamentarios se les aplicaría una mordaza incompatible con cualquier democracia moderna.

Esta forma de presión es particularmente grave en momentos que está por votarse en le Senado el acuerdo de vida en pareja y que pronto se discutirá una reforma a la Ley de Adopción, entonces esto querría decir que ¿todos los parlamentarios deberían votar de acuerdo a las propuestas del Movilh? ¿Es eso lo que se pretende?

Y en caso contrario ¿habrían recursos judiciales en contra de todos aquellos parlamentarios que votaran contra los planteamientos y deseos de este grupo? ¿Significaría además que los parlamentarios tengamos que dejar de sostener las convicciones que tenemos como personas? Eso, sin lugar a dudas, sería el principio del totalitarismo.

Debemos recordar, señor Presidente, que la libertad de opinión constituye una cualidad de la democracia, del mismo modo que el pluralismo y la tolerancia. Tales valores significan la capacidad de entender que existen opiniones divergentes en todo debate democrático y que deben ser respetadas cuando ellas tienen el canal de expresión adecuada.

Lo triste señor Presidente, de toda esta situación es que quienes nos tratan de intolerantes son finalmente, quienes practican esta manifestación antidemocrática, lo digo con conocimiento de causa porque en lo personal, he sido tratada permanentemente de forma ignominiosa y en términos soeces e irrepetibles en esta sala, a través de redes sociales y otros medios por las mismas personas de la misma organización que hoy me atacan y esto no solo en lo personal, sino que también a mi familia, a mis hijos al hacerse eco de situaciones injustas e infundadas que nos han afectado en nuestra dignidad y que nos han causado un grave daño moral y si alguien debiera interponer un recurso de protección debería ser yo quien lo hiciera.  

Por otra parte el catalogarme como homofóbica, siendo diputada y además Presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, sienta un grave precedente que podría atentar contra mi seguridad física y psíquica.

A mayor abundamiento, esta situación la considero extremadamente injusta, ya que nunca he ofendido a nadie ni menos discriminado a nadie por su orientación sexual y de hecho formé parte de la comisión que hizo una propuesta para el acuerdo de vida en pareja en mi partido la UDI.

Esperando que este desagradable episodio no prospere y advirtiendo que me defenderé hasta las últimas consecuencias para ganarlo y hacer valer mi derecho de expresar mis opiniones como todo ciudadano y que la libertad de expresión no sea nunca resquebrajada en manos de personas que buscan perseguir a quienes no piensan como ellos.

4 de marzo de 2014