Por qué me opuse a la entrega y venta de la pídlora del día después

Inicio mi interevención confirmando el derecho de cada chilena a usar el método anticonceptivo que elija, de acuerdo a su condición física, edad y etapa de la vida en la que se encuentre. Y en el caso de las mujeres que no cuenten con los recursos para comprarlo, confirmo que ese derecho debe ser garantizado y financiado por el Estado.

Creo necesario recordar, asimismo, que es responsabilidad de TODOS, incluidos parlamentarios, representantes del Ejecutivo y los ciudadanos que hoy nos acompañan en las tribunas o que siguen el debate por televisión, contribuir a un país en donde se respeten nuestras legítimas diferencias, y las concepciones políticas, éticas y morales de cada uno. El Parlamento es el foro republicano por excelencia y es aquí en donde debemos dar testimonio de esa contribución, escuchando con respeto y atención a quienes plantean posiciones distintas a las nuestras.
Antes incluso de manifestarnos a favor o en contra de un medicamento, llama la atención cómo se han ido construyendo mitos y caricaturas, especialmente de quienes nos oponemos a una determinada medida del proyecto de ley que hoy discutimos.

Primer Mito: la píldora de contracepción de emergencia es una urgencia. En medio de la que ha sido calificada como la peor crisis de salud desde 1958, incluso por la propia Presidenta Bachelet y mientras todos los centros de salud públicos y privados del país están colapsados y no dan abasto con la demanda de atención para combatir las enfermedades de invierno y la pandemia de la gripe A, el Gobierno le pone urgencia a un proyecto de ley que autoriza la distribución de una píldora que no cura ninguna enfermedad y cuya demanda es marginal.

Se le pone urgencia a un proyecto que permite la entrega de un medicamento que tiene una demanda de 2 a 4 dosis semanales en los consultorios, mientras que los chilenos más pobres no tienen acceso a recibir medicamentos de los cuales puede depender su vida. En muchos consultorios no hay las dosis suficientes de insulina, antibióticos, antivirales, o no hay horas disponibles para quienes deben realizarse con urgencia un examen que diagnóstique una enfermedad que, de no detectarse a tiempo, puede convertirse en catastrófica.

Precisamente el día que el sistema de salud público vivía el peak de la crisis en todo el país, en pleno mes de junio, el Ministro de Salud y su equipo de asesores estaban en la Comisión de Salud de la Cámara, discutiendo la entrega de la píldora del día después.

La urgencia a mi juicio no es sanitaria, sino ideológica, casi un capricho del Gobierno probablemente para cumplir con las promesas que se han hecho a espaldas de este Parlamento a organismos internacionales en materias que, de acuerdo a su mirada, validan a Chile como un país entre comillas progresista. Hay también otra razón bastante más prosaica, porque han convertido la píldora del día después en una cortina para ocultar la verdadera crisis que está imponiendole un sufrimiento silencioso a miles de chilenos que deben esperar en promedio hasta 8 horas para ser atendidos en consultorios y hospitales.

Me pregunto ¿Cuál es la urgencia que le asigna el gobierno a la atención odontológica de miles de chilenos que no tienen acceso a ella? ¿Cuántos chilenos deben esperar meses para ser sometidos a una operación de cataratas y atajar una ceguera?

¿Qué empeño han puesto para despachar leyes que los chilenos esperan hace años? ¿Qué urgencia tiene el proyecto de Trasplante de Organos, por ejemplo? Más de mil 700 personas esperan un organo para ser trasplantado y esa espera sería mucho más corta si hubieramos aprobado ya el proyecto de ley.

Segundo mito. Entregar la píldora es una prueba de equidad, porque mientras en el barrio alto de Santiago las farmacias la venden, las mujeres más pobres no tienen acceso gratuito a ella.
Jamás habríamos admitido una discriminación tan odiosa, que por supuesto no tiene sentido alguno y es injusta.Varios diputados solicitamos que, para cumplir con las disposiciones del TC, el fármaco fuera eliminado del registro del ISP y se retirara del sistema público y privado. Su efecto es el mismo para las mujeres de todos los sectores socio económicos. Sin embargo, el gobierno no nos escuchó y prefirió mantener esa discriminación, porque ha sido usada como el gran argumento para distribuir la PDD.

A las famarcias no les ha quedado otra alternativa, porque el gobierno les ha impuesto una sanción de 100 UTM, equivalentes a más de 30 millones de pesos, a aquella que no la expenden. Tampoco se les ha permitido invocar la objeción de conciencia a quienes, por razones de reserva ética y en virtud de sus garantías como ciudadanos, se nieguen a expenderla. Es decir, la libertad y la conciencia son garantías para quienes piensan de determinada manera, pero la libertad y la conciencia les están negadas a quienes mantengan posiciones en contra a lo que dicta la moral de la Concertación.

¿Cuántos fiscalizadores del Ministerio de Salud están recorriendo las farmacias para constantar que estén disponibles medicamentos impresdincibles para la salud de las personas? Probablemente ninguno.

Y les pregunto a quienes han invocado ese argumento con tanta fuerza ¿Cuáles son las medidas de equidad que se han implementado para permitir, por ejemplo, que los jóvenes más pobres tengan a acceso a un tratamiento de rehabilitación por consumo de drogas o dependencia el aclohol?

¿Dónde está el criterio de equidad para poner las urgencias necesarias para que el SENAME le asegure los jóvenes infractores de la ley un programa de rehabilitación que les permita enfrentar con dignidad y oportunidades su vida como adultos? En ninguna parte, porque eso no interesa.

Tercer mito: Sin píldora del día después, la política de anticoncepción está en riesgo. El gobierno ha transformado a la píldora del día después en el pilar de la política de la planificación familiar y de anticoncepción de nuestro país. Cuando la vocera de La Moneda dice que las chilenas tienen derecho a usar métodos anticonceptivos y que por esa razón es tan urgente distribuir la píldora del día después, confunde a la ciudadanía.

Quiero decirles a las chilenas que esta píldora de emergencia no es un anticonceptivo, porque si lo fuera se administraría el día antes y no el día después. Y quier asegurarles que en Chile están disponibles para todas las mujeres en edad fértil y desde hace 40 años una gran variedad de anticonceptivos orales, dispositivos intrauterinos, preservativos e incluso la esterilización femenina y masculina. Para las usuarias de los consultorios, la mayoría de esos medicamentos son gratuitos y se entregan a partir de los 14 años, bajo confidencialidad y sin autorización de los padres o tutores.

Cuarto mito: la píldora previene los embarazos adolescentes. Lo saben el gobierno, los profesionales de la salud, los países que llevan 20 años distribuyendo la PDD. Y lo saben las propias adolescentes. La píldora del día después no sólo no reduce los embarazos adolescentes, sino que aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades sexuales, incluido el SIDA y en los países en donde se distribuye desde hace muchos años, la incidencia de embarazos en menores de edad ha aumentado.

¿Por qué? Porque en la población más vulnerable, su disponibilidad desincentiva el uso los métodos de anticoncepción permanente y de aquellos que previenen el SIDA. Y porque instala la falsa tranquilidad de que la sexualidad precoz es perfectamente natural y lógica y que siempre habrá algún método más avanzado para impedir las consecuencias naturales que acarrea la vida sexual.

La PDD no contribuye a prevenir el embarazo adolescente y tampoco previene el aborto. En la comisión de salud se entregó abundante información sobre los resultados en Inglaterra, España, Suecia, Irlanda, Estados Unidos. Es un error concentrar la política de prevención del embarazo adolescente y de prevención del aborto en la contracepción de emergencia porque el remedio resulta ser peor que la enfermedad.

Cito el estudio de la Doctora Anna Glasier, publicado en la Revista Contraception en el año 2004 y realizado en mujeres de una localidad de Escocia. Mientras en 1984 el 1% de las mujeres entre 15 y 44 años habían usado alguna vez la píldora del día después, la tasa de aborto alcanzaba los 11 por cada 1000 mujeres. En el año 2004, al 12% de las mujeres de la misma edad se les había administrado alguna vez el medicamento y la tasa de aborto era de 17,8 por 1000 mujeres.

Cuando se plantea el problema del embarazo adolescente, uno se pregunta, ¿Por qué en todos estos años no se ha implementado un programa e educación sexual? Probablemente porque su mirada en esta materia tiene un componente ideológico que disocia la función sexual humana de la afectividad y de la paternidad. Por esa razón, el tema se mantiene únicamente radicado en el ámbito de la salud. Quienes efectivamente cumplen la función de formar en materia de sexualidad a la población más modesta son los profesionales de la salud.

En Septiembre de 2005 el Ministerio de Salud lanzó un programa en el que todos estuvimos de acuerdo. El plan terminó con su encargada renunciada a fines del año pasado, sin metas cumplidas, salvo la creación de la secretaría ejecutiva. Y quien la reemplazó acaba también de ser removida.

Sí, efectivamente nos opusimos a las JOCAS, porque no correspondía a un “programa” de educación sexual permanente, sistemático y que fuera evolucionando de acuerdo a las etapas por las que van atravesando los alumnos entre los 12 y los 18 años. Las JOCAS eran un programa de tres días, que se impartían por única vez en cada colegio, durante los cuales se pretendía enseñar a los niños y adolescentes en unas pocas horas pedagógicas las funciones sexuales del ser humano, con toda su complejidad física, psicológica y ética.

Cómo va a ser tan difícil implementar un plan serio y responsable, que se imparta desde el colegio y con la participación de los padres y apoderados, orientada a formar a los adolescentes para una vida sexual adulta plena y sana, con respeto a su dignidad como personas y a la vida del que está por nacer; y que prevengan tanto el embarazo adolescente como la transmisión de enfermedades sexuales, principalmente el SIDA

Quinto mito: la píldora del día después no es abortiva.¿Por qué se insiste en que no es abortiva? Porque en Chile el aborto es ilegal, la Constitución reconoce la vida del que está por nacer y, por extensión, reconoce que esa vida comienza al momento de la concepción, tras la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica.

Ya se ha dicho acá reiteradamente: la píldora puede, según el momento en el que se administre, impedir la implantación de un embrión y, por tanto, impedir que esa vida que ya se ha iniciado días antes, llegue a su pleno desarrollo.

Y por esa razón los laboratorios que la fabrican en el resto del mundo, advierten en su embase que puede ser abortiva.

Seamos sinceros en este punto. Probablemente a muchos parlamentarios y autoridades de gobierno les da lo mismo si la píldora es o no abortiva, porque a ellos les parece que el aborto es legítimo. De hecho, el doctor Croxatto, que concurrió a la Comisión de Salud y cuyas opiniones han sido mencionadas en reiteradas oportunidades por quienes defienden el uso de la píldora, confirmó en un programa de televisión el domingo pasado que él consideraría la legalización del aborto hasta la octava semana de gestación.

Por otra parte, muchos de los que aprobarán el uso de la PDD reconocen que el levornogestrel o los contraceptivos de emergencia pueden, en una de sus fases, impedir la implantación, pero se niegan a reconocer en el embrión no implantado a un ser humano y, por tanto, no consideran a ese efecto como un acto de aborto.

Sexto mito. La entrega de la píldora del día después es un derecho. Me pregunto ¿Se puede, en virtud de lo que se ha calificado como un derecho, vulnerarse otros derechos, algunos de ellos garantizados por la Constitución? El sólo envío del proyecto de ley sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, autorizando la distribución y el uso de la PDD vulnera, a nuestro juicio la Ley, el derecho a la información y a lo menos dos garantías constitucionales:

El proyecto desconoce el fallo de una institución de la envergadura del Tribunal Constitucional, que ya se pronunció sobre esta materia. A partir de ese fallo, la distribución de la PDD se convierte en cosa juzgada, porque ese tribunal ya tomó una decisión en contra, después de meses de deliberación y de estudiar los antecedentes médicos, científicos, éticos y legales. A partir de ese fallo, lo que debió proponer el gobierno fue una reforma que modificar nuestra Constitución.

El proyecto desconoce el derecho a estar adecuadamente informado del posible efecto de un medicamento. Se niega uno de sus efectos y se le niega a las chilenas el derecho a conocerlo y a tomar decisiones de manera libre e informada.

Al admitir la entrega de la PDD a menores de edad, sin conocimiento ni consentimiento de sus padres, se vulnera el legítimo derecho de los padres a guiar a sus hijos, consagrado en nuestra legislación, tanto en el artículo 19 de la Constitución, que reconoce el derecho preferente de los padres y el deber de educar a sus hijos; como en el artículo 236 del Código Civil, que señala que los padres tendrán el derecho y el deber de educar a sus hijos, orientándolos hacia su pleno desarrollo en las distintas etapas de su vida.

Contraviene también el derecho de los propios hijos a ser orientados y acompañados en la toma de este tipo de decisiones por sus padres, como lo señala la Declaración de Derechos del Niño.

Séptimo mito: los parlamentarios que nos oponemos al uso de la PDD queremos imponerle nuestras creencias religiosas al país. Nuestra oposición no está basada en una creencia religiosa, sino en algo mucho más simple: reconocemos el valor de la vida y, por tanto, la dignidad del ser humano a partir del momento su concepción. Ese momento tiene reconocimiento científico antes que religioso (.Larson W.J., Profesor de Biología Celular, Universidad de Cincinnati 1997).

Mi condición de católica no me impide reconocer aquello que los investigadores de la medicina embrionaria han confirmado. Tan respetuoso es nuestro reconocimiento que fue Monseñor Chomalí quien apuntó en la Comisión de Salud las confirmaciones hechas por el Premio Nobel de Biología, Jean Rostand, señalando que “el hombre todo entero ya está en el óvulo fecundado. Está todo entero con sus potencialidades…”. Describe Rostad, “A partir de ese momento, el embrión dispondría de un código genético propio, dotado de la estructura dinámica necesaria para su desenvolvimiento ordenado, orientado y gobernado hacia el término de su ciclo vital.”

¿Considerar lo que un científico premio nobel ha confirmado, para decidir mi voto en un proyecto de ley que podría poner en riesgo ese momento clave de miles de seres humanos es imponerle una creencia religiosa al país?

¿Reconocer que el ser humano tiene dignidad y merece ser garantizada por la ley es imponerle un dogma a los chilenos?

¿Acaso todas aquellas posiciones que comparta la Iglesia Católica u otros credos, nos están vedadas por tener carácter religioso?

Coincidentemente muchos no católicos, agnósticos o incluso quienes se han declarado como ateos, han admitido el derecho a la existencia humana desde la concepción y hasta la digna muerte.
Justamente quienes más han insistido en el derecho a disentir, a opinar libremente y a decidir de acuerdo a la conciencia, nos condenan y quieren convertirnos en caricaturas por plantear acá, en el Parlamento, nuestra legítima posición. Un diputado del PPD decía ayer en un medio tecnológico, con todo amenazante, “mañana votamos la píldora, ahora le vamos a ver la verdadera cara a la derecha”.

No tenemos necesidad de esconder la cara, tenemos una mirada de la vida y del ser humano y la sostenemos con respeto, pero con fuerza, porque creemos que es la más justa, especialmente con quienes no tendrán la posibilidad nunca de defender su derecho a vivir en esta Cámara. Por ellos, voto en contra.

MARIA ANGELICA CRISTI
DIPUTADA