Diputada María Angélica Cristi

Porqué estoy de acuerdo con reponer la Pena de Muerte

2009-08-07T11:33:00.004-07:00

Esta ha sido una muy mala semana para la dignidad de los niños y niñas chilenas. Ha sido la semana de los niños víctimas-victimarios, como Cristóbal (Cisarro) y el Garrita, a quienes este y los anteriores gobiernos de la Concertación les dieron la espalda. Y ha sido la semana del asesinato de Francisca, una niñita de 5 años, brutalmente golpeada, violada y lanzada al mar viva por Juan Saavedra, un vecino.

El Ministro de Justicia, como en otras ocasiones, se defiende asegurando que no es posible reponer la pena de muerte en nuestro país, derogada en el año 2001 y que el Estado no puede responder con violencia a quienes atacan a los ciudadanos honestos y a los niños indefensos. Nosotros le decimos que, si el Estado no es capaz de protegernos, especialmente a los más inocentes; y si no es capaz de actuar con fuerza y oportunidad para hacer justicia ante el daño causado por sujetos como Juan Saavedra, la ley, que está por sobre los gobiernos de turno, tiene la obligación de hacerlo.

El Ministro nos contesta señalando que Chile ha adoptado compromisos internacionales y, por tanto, no puede retroceder para restaurar la pena capital. Nosotros le contestamos que los chilenos estamos cansados de que, por esos compromisos con organismos internacionales asumidos muchas veces a espaldas de la ciudadanía, el Gobierno se contenga de ejercer su función para proteger la paz ciudadana y la integridad los inocentes.

Antecedentes Pena de Muerte.
La pena de muerte fue derogada en mayo de 2001 – durante el gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos-, sustituyéndola por el presidio perpetuo calificado, que impide postular a la libertad condicional antes de 40 años.

La mayoría de los parlamentarios de RN y la unanimidad de UDI se opusieron a la iniciativa, pues consideraron, y así lo hicieron saber a la opinión pública y al Gobierno, que luego de una década de aumento sostenido de la delincuencia, una señal de esta naturaleza, lejos de solucionar el problema, lo agravaría.

Ya a fines del 2001, 10 parlamentarios de la Alianza presentamos un proyecto de ley para reponer la pena de muerte en nuestro Código Penal en casos calificados, exclusivamente para quienes cometieran homicidio y violación de niños y niñas menores de edad. Esa moción fue archivada pues no obtuvo el apoyo del gobierno.

El miércoles pasado reingresamos a la Cámara de Diputados ese proyecto, porque ante el impacto y dolor que ha causado a su familia y a todo el país el horrendo crimen de Francisca Silva, consideramos pertinente reiterarle al Gobierno, con responsabilidad y en uso de nuestras atribuciones como legisladores, la necesidad de que el sistema penal chileno contemple la pena capital ante casos excepcionales.

La pena de muerte no ha sido abolida en Chile.
En el 2001 la pena capital fue derogada del Código Penal, pero permanece en nuestra legislación:

En el Código de Justicia Militar, contemplada en el artículo 223 como una de las penas militares.

En la Constitución, consignada al final del artículo 9, cuando confirma que ante los delitos terroristas no procederá el indulto presidencial “salvo para conmutar la pena de muerte por presidio perpetuo”. Y en el artículo 19- 1, señalando que “La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada por quórum calificado”
Respecto a los compromisos adquiridos por Chile, efectivamente hemos ratificado el Pacto de San José de Costa Rica, que señala que no se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. Y en Chile no se ha abolido, sólo derogado de un cuerpo legal.

¿Por qué creemos que es necesario reponer la pena de muerte?
Porque es un medio de legítima defensa para la sociedad, ante sujetos excepcionalmente peligrosos que con su actuar infringen un dolor profundo a otros y ofenden la dignidad de la sociedad de manera irreparable. Cuando un ser humano es capaz de maltratar, violar y asesinar a una niña o un niño, no es susceptible de ser rehabilitado. Y aún cuando se rehabilite, siempre vivirá con una deuda social impagable.

Se nos ha acusado de inconsecuentes por oponernos al aborto y, al mismo tiempo, ser partidarios de la pena capital. Una de las principales razones para rechazar el aborto es la total indefensión de la víctima y el hecho de que se le está negando la posibilidad de nacer. La pena de muerte se aplica, precisamente, a un adulto con plenas facultades, que ha tenido la oportunidad de elegir entre el bien y el mal y que ha actuado de manera deleznable en contra de un niño indefenso.

Platón justificó la pena de muerte como medio político para eliminar de la sociedad a un elemento nocivo y pernicioso, y sostiene que: " se castigará con la muerte, a aquellos otros cuya alma sea naturalmente mala e incorregible...".

Santo Tomás de Aquino, en su máxima obra "La Summa teológica", sostiene que el poder público está facultado para imponer sanciones jurídicas con el objeto de defender la salud de la sociedad. Señala que es lícito eliminar al criminal pervertido mediante la pena de muerte para salvar al resto de la sociedad".

Francisca no es la primera víctima del instinto brutal que habita en algunos seres humanos. Quisiéramos que nunca más una niñita sufriera a manos de un criminal como ella, sin embargo cuando miramos la trayectoria de la humanidad tenemos que reconocer que habrán en el futuro otras Franciscas. Queremos, entonces, que ante esos hechos la ley contemple una herramienta que, aún quedando al arbitrio de un juez, permita saldar un daño irreparable para el alma de un país.

Gobierno debe asumir el fracaso en la prevención y rehabilitación de la delincuencia juvenil

2009-08-04T12:11:00.002-07:00

Nos parece una burla para la ciudadanía que el Ministro del Interior haya declarado ayer que al Servicio Nacional de Menores hay que hacerle “algunas correcciones”, tras anunciar que en unos días se reunirá con el Ministro de Justicia para ver qué acciones emprenderá el Gobierno.
Resulta inaceptable que, a pocos meses de terminar el actual mandato de la Concertación, sus máximas autoridades se tomen con tanta tranquilidad el que la institución encargada de prevenir y rehabilitar a los menores infractores de la ley, haya fallado en reiteradas oportunidades con los cerca de 300 niños menores de 14 años que, a sus pocos años de vida, cuentan ya con un nutrido prontuario de delitos.
Denunciamos el fracaso de la Reforma Penal Juvenil y de las políticas de prevención y rehabilitación de los niños y adolescentes vinculados con la delincuencia. Cristóbal, más conocido como “Cisarro”; Fabián, conocido como “El Garrita” (16 años, 38 detenciones en seis años, 6 condenas); y las Arañitas, tienen algo en común: son el rostro visible de ese fracaso y representan a otros niños y niñas chilenos a quienes el Gobierno les ha dado la espalda.
Todos los diagnósticos están hechos, ¿Qué espera el Gobierno para impulsar las reformas que viene anunciando desde hace años? A juicio de los especialistas el principal error de la política del Sename fue haber cerrado tanto los centros de atención para niños en situación vulnerable, como los hogares que acogían a menores de 14 años infractores de la ley. Se optó equivocadamente por reintegrarlos a sus familias. El punto es que la mayoría de esos niños no contaban con una familia preparada para protegerlos.
El Ministro de justicia y el Director del Servicio Nacional de Menores tienen la obligación de responderle a los chilenos y especialmente a los niños y niñas que están obligados a vivir en el desamparo de un sistema que no los acoge:

¿Por qué no existen centros de atención especializados para rehabilitar a los menores de 14 años que han infringido la ley?
¿Por qué el país no cuenta con una política de rehabilitación eficiente, acogedora y comprometida con los adolescentes mayores de 14 años, imputables, a quienes se les mantiene en centros cerrados, sin actividades, sin acceso a la educación y sin atención psicosocial adecuada?
¿Por qué el gobierno no ha cumplido con el compromiso de enviar al Parlamento el proyecto de ley que pretende reformar el Sename, para que responda oportunamente a esos niños?
¿Por qué se han clausurado los centros cerrados especializados, que acogían hasta abril del 2006 a niños menores de 14 años infractores reincidentes y los hogares de menores, que acogían a menores de familias vulnerables y en donde tenían la posibilidad de recibir atención especializada?
Y, finalmente, ¿Por qué no se ha implementado un plan de apoyo serio y responsable a las familias de los niños infractores de la ley?
Para que respondan a esas dudas hemos convocado al Ministro Carlos Maldonado a la sesión de la Comisión de Familia que tendrá lugar mañana en la Cámara de Diputados.

Casi la mitad de las causas por venta de alcohol a menores queda sin condena

2009-07-24T09:48:00.003-07:00

Esta mañana, me reuní con el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, con el propósito de plantearle nuestra preocupación por el alto número de causas por conducción en estado de ebriedad y expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad que quedan sin condena.

La información está confirmada por el Oficio N° 325/2009, a través del cual el Fiscal Nacional respondió a una solicitud de información de la Cámara de Diputados, y que consigna los siguientes antecedentes:

En el año 2007, de las 11.033 causas ingresadas por conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad, 2.858 tienen suspensión condicional del procedimiento (aprox. 26% de las causas)

En el año 2008, de las 31.251 causas ingresadas por conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad, 14.136 tienen suspensión condicional del procedimiento (aprox. 46% de las causas).

En el año 2008, de las 4.204 causas ingresadas por conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones, 2.013 tienen suspensión condicional del procedimiento, equivalentes a casi el 50%. El mismo año, de las 181 causas ingresadas por conducción bajo la influencia del alcohol causando lesiones graves, 103 permanecen en la misma situación (56,9%).

Respecto de la venta de alcohol a los menores de edad, lo que constituye un delito sancionado con cárcel, multa, cancelación de patentes e incluso la clausura definitiva del local comercial, el Oficio antes citado informa lo siguiente:

En el 2007, de las 154 causas ingresadas por expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad, se ha invocado el principio de oportunidad en 75, correspondientes al 51,7% de las causas. En el 2008 la proporción fue de 31,1% y en lo que va del 2009, es cerca del 30%.

Respecto a la suspensión condicional del procedimiento, en el año 2007 alcanzaron el 12,4% de las causas por expendio a menores de edad, en el 2008 se elevó al 47,1% (121 causas de las 260 ingresadas); y en lo que va del año 2009 se ha aplicado al 48% de las causas (69 de 142).

El Fiscal Nacional reconoció que efectivamente, en el caso de la conducción bajo la influencia del alcohol o las drogas y en estado de ebriedad, es necesario modificar a la brevedad la ley, de manera que se haga efectiva la suspensión de la licencia o incluso su cancelación perpetua. Y, respecto de la venta de alcohol a menores, se comprometió a instruir que el principio de oportunidad se aplique sólo en casis excepcionales.

Padres de adolescentes que consuman alcohol en la calle pagarán multa de 1 a 5 UTM

2009-07-22T11:20:00.001-07:00

Muchos padres no saben qué hacen, dónde y con quiénes están sus hijos y la ley debe ayudar a revertir esa situación. Si bien la Reforma Penal Juvenil reconoce la responsabilidad penal a partir de los 14 años, en materia civil los padres mantienen su autoridad hasta la mayoría de edad.

El año pasado reingresamos un proyecto de ley para modificar el procedimiento que hoy se sigue respecto de los menores de edad que son sorprendidos en la calle consumiendo bebidas alcohólicas y que constituye uno de los primeros síntomas de un comportamiento problemático. La moción fue originalmente rechazada por parlamentarios de varias bancadas, tal como han sido rechazadas otras iniciativas que apuntan a restituir la autoridad civil de los padres.

¿Cómo funciona el sistema actual? Cuando un menor es sorprendido en estado de ebriedad o consumiendo alcohol en cualquier espacio público, debe ser conducido por Carabineros al cuartel policial y devuelto a la persona encargada de su cuidado, quien recibe una amonestación por escrito. Sólo si esta conducta se repite tres veces en un mismo año, se hacen llegar los antecedentes al Servicio Nacional de Menores.
¿Qué propusimos? Primero, citar al menor y a sus padres ante el Tribunal a partir de la primera vez que fueran sorprendidos en esa conducta. Luego, establecer la responsabilidad judicial para los padres, sancionándolos con una multa de 1 a 5 UTM, en virtud de la responsabilidad que les cabe sobre los actos de sus hijos menores de edad (artículo 236 del Código Civil); y, en tercer lugar, sancionar al adolescente con trabajos comunitarios.

En Chile hay un doble estándar respecto de los adolescentes. En los últimos años se ha ido instalando, sobre todo desde la Concertación e incluso desde el Sename, un discurso que insiste en proteger la autonomía de los menores de 18 años y, al mismo tiempo, busca legislar para darles un tratamiento privilegiado a quienes cometan incluso los más graves delitos.

DIPUTADOS DE LA ALIANZA PIDEN CANCELAR COMPRA DE HELICOPTEROS RUSOS POR SIGNIFICAR UNA MALA INVERSION PARA CHILE

2009-07-21T13:38:00.001-07:00

El Ejecutivo resuelve las adquisiciones con fondos reservados del cobre, pero los diputados ejercemos la función fiscalizadora de los actos del Gobierno. En tal condición los diputados de la Alianza solicitamos formalmente se cancele la operación de compra de helicópteros rusos MI 17, que se ha ventilado por los medios de comunicación, por cuanto ella significaría una mala inversión con dinero de todos los chilenos.

1.- Nuestra primera objeción radica en el precio. Se ha hablado de un costo de 80 millones de dólares para cinco helicópteros, lo que representa un precio unitario de US$16.000.000.- por unidad. En el cuadro anexo puede observarse que el precio de mercado de estas aeronaves, evidenciado en las últimas compras oscila entre un US$1.600.0000- y US$8.275.000.-
Lo que es mas grave, tenemos antecedentes que entre el año 2000 y 2007 estos helicópteros fueron ofrecidos a través de CEGHEC S.A. KAZAN HELICOPTERS, en un precio de US$6.072.000.- por unidad.
No sabemos quién está intermediando un negocio en que por lo menos se están pagando US$ 10.000.000.- adicionales por cada aeronave.

2.- Nuestra segunda objeción radica en la desnaturalización a nuestro juicio ilegal, de los fondos reservados del cobre. Se ha dicho que los helicópteros rusos serán para el uso civil del Ministerio del Interior, cuyo mantenimiento correrá por cuenta de la FACH.
Nos oponemos a que fondos cuyo destino legal es la modernización y reequipamiento de las Fuerzas Armadas, que tienen un objetivo de Estado y permanente, terminen usándose para la dotación de ministerios eminentemente políticos.
La carta de CEGHEC S.A. da cuenta de una oferta de helicópteros de configuración civil, lo que refuerza la sospecha de que el uso de las aeronaves es para el manejo del Ministerio del Interior.

3.- Nuestra tercera objeción es que la adquisición de material, tecnología y norma rusa, contradice la definición expresa y oficial de la FACH. Si la pretensión consiste en adquirir helicópteros rusos de configuración civil, para que los mantenga y administre la FACH, resultaría de ello una carga, de tiempo, preocupación y economía, completamente injustificada para la Institución en materia de nuevo entrenamiento y capacitación, que la apartaría de su línea oficial y formal de trabajo, cual es la homogeneización de su material. Esa es la razón de todas sus últimas compras de aeronaves.
Si la pretensión es adquirir aeronaves de guerra, la decisión es peor aún porque contradiciendo esa misma línea la FACH quedaría con un verdadero mostrario de helicópteros UH1; BELL 2006; BELL 412; BO115; BK117. Nuestra definición como Alianza por Chile es mantener y respaldar las políticas públicas oficiales de Defensa a largo plazo.

4.- Nuestra cuarta objeción es la falta de información a la Cámara de Diputados. Una norma mínima de prudencia en materias tan delicadas como las adquisiciones militares, sobre todo cuando un gobierno se esta terminando, es la comunicación oportuna, completa, no contradictoria a la Cámara de Diputados. Aquí ha brillado por su ausencia y las versiones de prensa se hacen fuego por la información oficial que la Comisión de Defensa ha recibido. Plantearemos durante la discusión de la Ley Orgánica del Ministerio la obligatoriedad de tal consulta.

5.- Exhortamos a los gobiernos concertacionistas a no seguir repitiendo errores con la FACH. Hay varios episodios en que los gobiernos de la concertación han tomado decisiones políticas que afectan a la FACH y después la institución en un acto de patriotismo se ve compelida a bancarla. Uno de estos casos fue la destrucción del aeródromo de Cerrillos. Otro ha sido la adquisición del satélite que aún no se lanza y que de funcionar cumplirá tareas eminentemente civiles. En el caso de la compra de los aviones Mirage en 1994, la decisión también fue política.

COMISION DE DEFENSA DE LA ALIANZA POR CHILE

Por qué me opuse a la entrega y venta de la pídlora del día después

2009-07-16T11:29:00.006-07:00

Inicio mi interevención confirmando el derecho de cada chilena a usar el método anticonceptivo que elija, de acuerdo a su condición física, edad y etapa de la vida en la que se encuentre. Y en el caso de las mujeres que no cuenten con los recursos para comprarlo, confirmo que ese derecho debe ser garantizado y financiado por el Estado.

Creo necesario recordar, asimismo, que es responsabilidad de TODOS, incluidos parlamentarios, representantes del Ejecutivo y los ciudadanos que hoy nos acompañan en las tribunas o que siguen el debate por televisión, contribuir a un país en donde se respeten nuestras legítimas diferencias, y las concepciones políticas, éticas y morales de cada uno. El Parlamento es el foro republicano por excelencia y es aquí en donde debemos dar testimonio de esa contribución, escuchando con respeto y atención a quienes plantean posiciones distintas a las nuestras.
Antes incluso de manifestarnos a favor o en contra de un medicamento, llama la atención cómo se han ido construyendo mitos y caricaturas, especialmente de quienes nos oponemos a una determinada medida del proyecto de ley que hoy discutimos.

Primer Mito: la píldora de contracepción de emergencia es una urgencia. En medio de la que ha sido calificada como la peor crisis de salud desde 1958, incluso por la propia Presidenta Bachelet y mientras todos los centros de salud públicos y privados del país están colapsados y no dan abasto con la demanda de atención para combatir las enfermedades de invierno y la pandemia de la gripe A, el Gobierno le pone urgencia a un proyecto de ley que autoriza la distribución de una píldora que no cura ninguna enfermedad y cuya demanda es marginal.

Se le pone urgencia a un proyecto que permite la entrega de un medicamento que tiene una demanda de 2 a 4 dosis semanales en los consultorios, mientras que los chilenos más pobres no tienen acceso a recibir medicamentos de los cuales puede depender su vida. En muchos consultorios no hay las dosis suficientes de insulina, antibióticos, antivirales, o no hay horas disponibles para quienes deben realizarse con urgencia un examen que diagnóstique una enfermedad que, de no detectarse a tiempo, puede convertirse en catastrófica.

Precisamente el día que el sistema de salud público vivía el peak de la crisis en todo el país, en pleno mes de junio, el Ministro de Salud y su equipo de asesores estaban en la Comisión de Salud de la Cámara, discutiendo la entrega de la píldora del día después.

La urgencia a mi juicio no es sanitaria, sino ideológica, casi un capricho del Gobierno probablemente para cumplir con las promesas que se han hecho a espaldas de este Parlamento a organismos internacionales en materias que, de acuerdo a su mirada, validan a Chile como un país entre comillas progresista. Hay también otra razón bastante más prosaica, porque han convertido la píldora del día después en una cortina para ocultar la verdadera crisis que está imponiendole un sufrimiento silencioso a miles de chilenos que deben esperar en promedio hasta 8 horas para ser atendidos en consultorios y hospitales.

Me pregunto ¿Cuál es la urgencia que le asigna el gobierno a la atención odontológica de miles de chilenos que no tienen acceso a ella? ¿Cuántos chilenos deben esperar meses para ser sometidos a una operación de cataratas y atajar una ceguera?

¿Qué empeño han puesto para despachar leyes que los chilenos esperan hace años? ¿Qué urgencia tiene el proyecto de Trasplante de Organos, por ejemplo? Más de mil 700 personas esperan un organo para ser trasplantado y esa espera sería mucho más corta si hubieramos aprobado ya el proyecto de ley.

Segundo mito. Entregar la píldora es una prueba de equidad, porque mientras en el barrio alto de Santiago las farmacias la venden, las mujeres más pobres no tienen acceso gratuito a ella.
Jamás habríamos admitido una discriminación tan odiosa, que por supuesto no tiene sentido alguno y es injusta.Varios diputados solicitamos que, para cumplir con las disposiciones del TC, el fármaco fuera eliminado del registro del ISP y se retirara del sistema público y privado. Su efecto es el mismo para las mujeres de todos los sectores socio económicos. Sin embargo, el gobierno no nos escuchó y prefirió mantener esa discriminación, porque ha sido usada como el gran argumento para distribuir la PDD.

A las famarcias no les ha quedado otra alternativa, porque el gobierno les ha impuesto una sanción de 100 UTM, equivalentes a más de 30 millones de pesos, a aquella que no la expenden. Tampoco se les ha permitido invocar la objeción de conciencia a quienes, por razones de reserva ética y en virtud de sus garantías como ciudadanos, se nieguen a expenderla. Es decir, la libertad y la conciencia son garantías para quienes piensan de determinada manera, pero la libertad y la conciencia les están negadas a quienes mantengan posiciones en contra a lo que dicta la moral de la Concertación.

¿Cuántos fiscalizadores del Ministerio de Salud están recorriendo las farmacias para constantar que estén disponibles medicamentos impresdincibles para la salud de las personas? Probablemente ninguno.

Y les pregunto a quienes han invocado ese argumento con tanta fuerza ¿Cuáles son las medidas de equidad que se han implementado para permitir, por ejemplo, que los jóvenes más pobres tengan a acceso a un tratamiento de rehabilitación por consumo de drogas o dependencia el aclohol?

¿Dónde está el criterio de equidad para poner las urgencias necesarias para que el SENAME le asegure los jóvenes infractores de la ley un programa de rehabilitación que les permita enfrentar con dignidad y oportunidades su vida como adultos? En ninguna parte, porque eso no interesa.

Tercer mito: Sin píldora del día después, la política de anticoncepción está en riesgo. El gobierno ha transformado a la píldora del día después en el pilar de la política de la planificación familiar y de anticoncepción de nuestro país. Cuando la vocera de La Moneda dice que las chilenas tienen derecho a usar métodos anticonceptivos y que por esa razón es tan urgente distribuir la píldora del día después, confunde a la ciudadanía.

Quiero decirles a las chilenas que esta píldora de emergencia no es un anticonceptivo, porque si lo fuera se administraría el día antes y no el día después. Y quier asegurarles que en Chile están disponibles para todas las mujeres en edad fértil y desde hace 40 años una gran variedad de anticonceptivos orales, dispositivos intrauterinos, preservativos e incluso la esterilización femenina y masculina. Para las usuarias de los consultorios, la mayoría de esos medicamentos son gratuitos y se entregan a partir de los 14 años, bajo confidencialidad y sin autorización de los padres o tutores.

Cuarto mito: la píldora previene los embarazos adolescentes. Lo saben el gobierno, los profesionales de la salud, los países que llevan 20 años distribuyendo la PDD. Y lo saben las propias adolescentes. La píldora del día después no sólo no reduce los embarazos adolescentes, sino que aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades sexuales, incluido el SIDA y en los países en donde se distribuye desde hace muchos años, la incidencia de embarazos en menores de edad ha aumentado.

¿Por qué? Porque en la población más vulnerable, su disponibilidad desincentiva el uso los métodos de anticoncepción permanente y de aquellos que previenen el SIDA. Y porque instala la falsa tranquilidad de que la sexualidad precoz es perfectamente natural y lógica y que siempre habrá algún método más avanzado para impedir las consecuencias naturales que acarrea la vida sexual.

La PDD no contribuye a prevenir el embarazo adolescente y tampoco previene el aborto. En la comisión de salud se entregó abundante información sobre los resultados en Inglaterra, España, Suecia, Irlanda, Estados Unidos. Es un error concentrar la política de prevención del embarazo adolescente y de prevención del aborto en la contracepción de emergencia porque el remedio resulta ser peor que la enfermedad.

Cito el estudio de la Doctora Anna Glasier, publicado en la Revista Contraception en el año 2004 y realizado en mujeres de una localidad de Escocia. Mientras en 1984 el 1% de las mujeres entre 15 y 44 años habían usado alguna vez la píldora del día después, la tasa de aborto alcanzaba los 11 por cada 1000 mujeres. En el año 2004, al 12% de las mujeres de la misma edad se les había administrado alguna vez el medicamento y la tasa de aborto era de 17,8 por 1000 mujeres.

Cuando se plantea el problema del embarazo adolescente, uno se pregunta, ¿Por qué en todos estos años no se ha implementado un programa e educación sexual? Probablemente porque su mirada en esta materia tiene un componente ideológico que disocia la función sexual humana de la afectividad y de la paternidad. Por esa razón, el tema se mantiene únicamente radicado en el ámbito de la salud. Quienes efectivamente cumplen la función de formar en materia de sexualidad a la población más modesta son los profesionales de la salud.

En Septiembre de 2005 el Ministerio de Salud lanzó un programa en el que todos estuvimos de acuerdo. El plan terminó con su encargada renunciada a fines del año pasado, sin metas cumplidas, salvo la creación de la secretaría ejecutiva. Y quien la reemplazó acaba también de ser removida.

Sí, efectivamente nos opusimos a las JOCAS, porque no correspondía a un “programa” de educación sexual permanente, sistemático y que fuera evolucionando de acuerdo a las etapas por las que van atravesando los alumnos entre los 12 y los 18 años. Las JOCAS eran un programa de tres días, que se impartían por única vez en cada colegio, durante los cuales se pretendía enseñar a los niños y adolescentes en unas pocas horas pedagógicas las funciones sexuales del ser humano, con toda su complejidad física, psicológica y ética.

Cómo va a ser tan difícil implementar un plan serio y responsable, que se imparta desde el colegio y con la participación de los padres y apoderados, orientada a formar a los adolescentes para una vida sexual adulta plena y sana, con respeto a su dignidad como personas y a la vida del que está por nacer; y que prevengan tanto el embarazo adolescente como la transmisión de enfermedades sexuales, principalmente el SIDA

Quinto mito: la píldora del día después no es abortiva.¿Por qué se insiste en que no es abortiva? Porque en Chile el aborto es ilegal, la Constitución reconoce la vida del que está por nacer y, por extensión, reconoce que esa vida comienza al momento de la concepción, tras la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica.

Ya se ha dicho acá reiteradamente: la píldora puede, según el momento en el que se administre, impedir la implantación de un embrión y, por tanto, impedir que esa vida que ya se ha iniciado días antes, llegue a su pleno desarrollo.

Y por esa razón los laboratorios que la fabrican en el resto del mundo, advierten en su embase que puede ser abortiva.

Seamos sinceros en este punto. Probablemente a muchos parlamentarios y autoridades de gobierno les da lo mismo si la píldora es o no abortiva, porque a ellos les parece que el aborto es legítimo. De hecho, el doctor Croxatto, que concurrió a la Comisión de Salud y cuyas opiniones han sido mencionadas en reiteradas oportunidades por quienes defienden el uso de la píldora, confirmó en un programa de televisión el domingo pasado que él consideraría la legalización del aborto hasta la octava semana de gestación.

Por otra parte, muchos de los que aprobarán el uso de la PDD reconocen que el levornogestrel o los contraceptivos de emergencia pueden, en una de sus fases, impedir la implantación, pero se niegan a reconocer en el embrión no implantado a un ser humano y, por tanto, no consideran a ese efecto como un acto de aborto.

Sexto mito. La entrega de la píldora del día después es un derecho. Me pregunto ¿Se puede, en virtud de lo que se ha calificado como un derecho, vulnerarse otros derechos, algunos de ellos garantizados por la Constitución? El sólo envío del proyecto de ley sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, autorizando la distribución y el uso de la PDD vulnera, a nuestro juicio la Ley, el derecho a la información y a lo menos dos garantías constitucionales:

El proyecto desconoce el fallo de una institución de la envergadura del Tribunal Constitucional, que ya se pronunció sobre esta materia. A partir de ese fallo, la distribución de la PDD se convierte en cosa juzgada, porque ese tribunal ya tomó una decisión en contra, después de meses de deliberación y de estudiar los antecedentes médicos, científicos, éticos y legales. A partir de ese fallo, lo que debió proponer el gobierno fue una reforma que modificar nuestra Constitución.

El proyecto desconoce el derecho a estar adecuadamente informado del posible efecto de un medicamento. Se niega uno de sus efectos y se le niega a las chilenas el derecho a conocerlo y a tomar decisiones de manera libre e informada.

Al admitir la entrega de la PDD a menores de edad, sin conocimiento ni consentimiento de sus padres, se vulnera el legítimo derecho de los padres a guiar a sus hijos, consagrado en nuestra legislación, tanto en el artículo 19 de la Constitución, que reconoce el derecho preferente de los padres y el deber de educar a sus hijos; como en el artículo 236 del Código Civil, que señala que los padres tendrán el derecho y el deber de educar a sus hijos, orientándolos hacia su pleno desarrollo en las distintas etapas de su vida.

Contraviene también el derecho de los propios hijos a ser orientados y acompañados en la toma de este tipo de decisiones por sus padres, como lo señala la Declaración de Derechos del Niño.

Séptimo mito: los parlamentarios que nos oponemos al uso de la PDD queremos imponerle nuestras creencias religiosas al país. Nuestra oposición no está basada en una creencia religiosa, sino en algo mucho más simple: reconocemos el valor de la vida y, por tanto, la dignidad del ser humano a partir del momento su concepción. Ese momento tiene reconocimiento científico antes que religioso (.Larson W.J., Profesor de Biología Celular, Universidad de Cincinnati 1997).

Mi condición de católica no me impide reconocer aquello que los investigadores de la medicina embrionaria han confirmado. Tan respetuoso es nuestro reconocimiento que fue Monseñor Chomalí quien apuntó en la Comisión de Salud las confirmaciones hechas por el Premio Nobel de Biología, Jean Rostand, señalando que “el hombre todo entero ya está en el óvulo fecundado. Está todo entero con sus potencialidades…”. Describe Rostad, “A partir de ese momento, el embrión dispondría de un código genético propio, dotado de la estructura dinámica necesaria para su desenvolvimiento ordenado, orientado y gobernado hacia el término de su ciclo vital.”

¿Considerar lo que un científico premio nobel ha confirmado, para decidir mi voto en un proyecto de ley que podría poner en riesgo ese momento clave de miles de seres humanos es imponerle una creencia religiosa al país?

¿Reconocer que el ser humano tiene dignidad y merece ser garantizada por la ley es imponerle un dogma a los chilenos?

¿Acaso todas aquellas posiciones que comparta la Iglesia Católica u otros credos, nos están vedadas por tener carácter religioso?

Coincidentemente muchos no católicos, agnósticos o incluso quienes se han declarado como ateos, han admitido el derecho a la existencia humana desde la concepción y hasta la digna muerte.
Justamente quienes más han insistido en el derecho a disentir, a opinar libremente y a decidir de acuerdo a la conciencia, nos condenan y quieren convertirnos en caricaturas por plantear acá, en el Parlamento, nuestra legítima posición. Un diputado del PPD decía ayer en un medio tecnológico, con todo amenazante, “mañana votamos la píldora, ahora le vamos a ver la verdadera cara a la derecha”.

No tenemos necesidad de esconder la cara, tenemos una mirada de la vida y del ser humano y la sostenemos con respeto, pero con fuerza, porque creemos que es la más justa, especialmente con quienes no tendrán la posibilidad nunca de defender su derecho a vivir en esta Cámara. Por ellos, voto en contra.

MARIA ANGELICA CRISTI
DIPUTADA

MISION MILAGRO

2006-07-23T11:56:00.000-07:00

Diputadas Cristi y Cubillos: “Nos parece vergonzoso que el Gobierno permita que gobernantes de naciones con mayores carencias sociales que las nuestra, financien la salud de los chilenos.

Bajo el nombre de Operación Milagro, los presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro están convocando a miles de latinoamericanos de Bolivia, Argentina, Paraguay, Ecuador y Chile, entre otras naciones, a realizarse intervenciones oftalmológicas en Venezuela, principalmente de cataratas y pterigión, con médicos cubanos.

Varios especialistas chilenos han advertido de los riesgos de operar pacientes por profesionales y tecnologías que se desconocen en nuestro país y sin un seguimiento post operatorio. Han informado que los resultados en Bolivia, Brasil y Jamaica no han sido los esperados. En Brasil, el Parlamento protestó por la convocatoria y el Presidente Ignacio Da Silva pidió que se suspendiera en ese país, por considerarla riesgosa.

La Ministra de Salud ha señalado que “no existe ninguna razón sanitaria para que pacientes del sistema público o privado chileno, vayan a otro país a solucionar problemas de salud, garantizados en el AUGE” (El Mercurio, 22 de Julio). Sin embargo, no cabe duda que Hugo Chávez ha descubierto un nicho ideal para su estrategia propagandística, respondiendo a las enormes carencias de los chilenos más pobres en materia oftalmológica.La operación de cataratas está cubierta por el Plan Auge, pero únicamente para pacientes mayores de 65 años, en circunstancias que la enfermedad puede presentarse mucho antes. Aún así, para miles de chilenos que cumplen con ese requisito, obtener una hora con un oftalmólogo en los hospitales públicos es una misión casi imposible, debiendo esperar un promedio de 240 días y hasta más un año para ser diagnosticados. La lista de espera para la atención oftalmológica es de 150 mil pacientes.

Nos extraña que la Ministra Barría esté tan sorprendida por el interés que ha despertado la Operación Milagro en pacientes de comunas populares, pues ella debe estar al tanto de las enormes deficiencias del sistema público en esta especialidad; y sabe que la opción de Chávez les promete a esa personas lo que en Chile se les ha negado.

¿Qué se esconde detrás de la Operación Milagro? Un programa político, disfrazado de solidario, que conforma la estrategia de ambos presidentes por exportar al resto del Continente lo que ellos mismos han denominado “la revolución bolivariana” y, particularmente, un plan propagandístico de Hugo Chávez, para sentar una plataforma de popularidad en la Región, que presione su postulación al Consejo de Seguridad de la ONU.La Operación Milagro contempla la realización de 6 millones de intervenciones entre los años 2004 y 2010. El presidente Chávez ha señalado que el traslado y operación de cada persona tiene un costo de 7 mil dólares. Nos preguntamos, si Venezuela ha decidido gastar 42 mil millones de dólares, para atender la demanda oftalmológica de otros países, a pesar de las enormes carencias sociales del pueblo venezolano, ¿Por qué no entrega esos recursos directamente a cada gobierno o crea una fundación que financie las intervenciones de esos mismos pacientes, sin necesidad de trasladarlos a Venezuela?

Tanto el Ministerio de Salud como la Cancillería deben actuar con decisión y claridad frente a la convocatoria del Presidente Chávez. Salud tiene la obligación de hacer efectivos los derechos AUGE en plazos razonables; y acusar, de una vez por todas, la demanda desesperada de los chilenos más modestos, implementando un plan especial que acorte las listas de espera de oftalmología en todos los hospitales del país. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores no puede permanecer en silencio frente a lo que constituye la abierta operación política de gobernantes extranjeros en Chile, para obtener sus propios fines.

Nos parece vergonzoso que el Gobierno de Chile, que se vanagloria en las cumbres internacionales del desarrollo económico y social que ha alcanzado el país, permita que gobernantes de naciones con mayores carencias sociales que las nuestra, financien la salud de los chilenos.

DIPUTADA MARIA ANGELICA CRISTI RECHAZA CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTA VESPUCIO ORIENTE EN SUPERFICIE.

2006-07-21T14:28:00.000-07:00

La Diputada María Angélica Cristi, junto a los parlamentarios y alcaldes de Ñuñoa, La Reina y Peñalolén, señaló hoy que la eventual construcción de la Autopista Vespucio Oriente en superficie generaría un enorme daño a la ciudad.

“El ex Presidente Lagos señaló, en esta misma plaza (Egaña), cuando se inauguró la estación del Metro a fines del año pasado, que el siguiente paso sería la construcción subterránea de una autopista que conectaría en 7 minutos la Rotonda Grecia con el Puente Lo Saldes. Pocos meses después se están cambiando las reglas del juego, causándole un enorme daño a los vecinos que, respaldados en la promesa del ex Presidente, han invertido en sus viviendas y a quienes viven en las comunas de Ñuñoa y La Reina desde hace muchos años.

Hoy nos acompaña Carlos Aranda, un joven discapacitado que puede trasladarse por si mismo desde su casa, en Ñuñoa, hasta el cine, el correo y otros servicios ubicados en la vereda Oriente de Américo Vespucio. Si la autopista interrumpe esa conectividad, Carlos y cientos de discapacitados sufrirían un deterioro importante en su calidad de vida.”

Agregó que “los vecinos de Peñalolén ya están padeciendo las consecuencias de la Autopista Vespucio Sur, que desconectó la circulación peatonal del resto de la ciudad, los aisló y deben caminar varias cuadras para llegar, desde la vereda Poniente, hasta su sector, con todos los riesgos que ello implica.”

Ley de Cuotas: No a la Igualdad Forzada

2006-05-26T07:58:00.000-07:00

Cambio al plano regulador:

2006-04-11T15:46:00.000-07:00

2006-03-03T08:59:00.000-08:00

Bienvenidos a mi blog.